Hernán Morrón, abogado del concejal de Puerto Colombia, Víctor Acosta Corro, se pronunció luego que la captura de su cliente fuera considerada ilegal por parte de un juez tras haber sido capturado, junto a un trabajador, por parte de la Fiscalía y la Policía por supuestas compra de votos.

“Víctor Enrique Acosta Corro y la otra persona que fue capturada se realizó mediante diligencia de allanamiento y registro, la cual fue proferida por la Fiscalía. Según se escuchó ayer en la audiencia, fue por información de fuente humana que le llegó a la Fiscalía en un sobre cerrado que señalaba que Víctor Acosta, en su condición de concejal, se encontraba comprando votos en su local comercial, donde también tiene su vivienda. Es así como ordenan ese mismo sábado el allanamiento, desde las 4 de la tarde hasta las 3 de la madrugada del día siguiente”, dijo Morrón.

Explicó la situación sobre las cuatro armas de fuego halladas en el inmueble y cómo fue declarada ilegal la captura.

“En el allanamiento se encontraron en el registro cuatro armas de fuego, pero tres tienen salvoconducto, de las cuales dos son de propiedad del concejal y una calibre 38 de propiedad de la otra persona capturada. La cuarta arma es propiedad de la otra persona capturada, pero es un arma pequeña calibre 6 y no tiene permiso para portarla, pero señaló en su momento que esa arma no servía. Muy a pesar de eso se llevaron al concejal y a su trabajador a la Fiscalía, según por el delito de porte, tráfico y tenencia de arma de fuego. Cuando llegan a la URI los investigadores, a través del informe pericial, encontraron que el arma no estaba apta para disparar. Por tal situación sus capturas se produjo porque tenían un arma sin salvoconducto y como tal era atípica la conducta relacionada con un delito y por tal la captura fue ilegal”, precisó el abogado.

Del mismo modo explicó el origen de los 181 millones de pesos.

“Con relación a los 181 millones de pesos se demostró en la audiencia, ante el Juez 17 Municipal de Control de Garantías de Barranquilla, que es una plata lícita y que el objeto del allanamiento se debió por orden de la Fiscalía era para determinar que el concejal estaba comprando todo, pero no fue así”, precisó.

Indicó que el dinero es de negocios de su cliente y no para compra de votos.

“Él tiene un negocio de inversiones, en el cual se demostró ayer que es una plata legal y que no tiene ninguna causa ilícita y por eso el juez ordenó la entrega en el día de hoy tanto de los 181 millones de pesos como todos los elementos materiales probatorios que se encontraron”, dijo.

El abogado precisó que no es la primera vez que le realizan un allanamiento a su cliente sin hallar pruebas.

“Van dos veces que la Fiscalía le practica un allanamiento al concejal. En el mes de noviembre de 2017 le allanaron la casa y también se ordenó la ilegalidad del allanamiento. Nuevamente este 26 de mayo volvieron allanar su residencia, no solamente hubo un show mediático de la Fiscalía sino que atentó contra el buen nombre de él y su familia al haberle vulnerado la intimidad y sus derechos”, puntualizó.